MANIFIESTO DE LA ASAMBLEA DE ESTUDIANTES
CONTRA LA EU2015
CONTRA LA EU2015
“La universidad hasta ahora era un lugar tranquilo para enseñar, realizar trabajos académicos a un ritmo pausado en el seno del debate académico. Ahora es un potente negocio, complejo, demandante y competitivo, que requiere inversiones continuas y de gran escala.”
Así de explícita se muestra la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) en su diagnóstico del horizonte hacia el que se mueve la universidad pública en los próximos años. ¿Cuál es la verdadera causa de esta evaluación? Un cambio estructural en la economía supone que el funcionamiento actual de las empresas exija un modelo dual de trabajador: una gran mayoría precaria y flexible y una pequeña élite hiperespecializada y con acceso a trabajos de alta cualificación. Dichas necesidades empresariales se tradujeron, por un lado, en la división de los estudios superiores en grado y posgrado, y, en segundo lugar, en la creación de los mal llamados Campus de Excelencia que diferencian y jerarquizan las universidades sometiéndolos a criterios de rentabilidad económica.
Si con Bolonia las medidas se centraron en la reforma de las titulaciones, la Estrategia Universidad 2015 proporciona el marco institucional que permite el desarrollo pleno del modelo de universidad que pretenden imponernos (explícitamente inspirado en el modelo anglosajón). Los ejes fundamentales de esta reforma son: la Gobernanza corporativa, la Financiación competitiva, la creación de los Campus Internacionales de Excelencia y la redacción de los Estatutos del estudiante, del PAS y del PDI.
Para conseguir una gobernanza corporativa las autoridades políticas están dispuestas a entregar el control ejecutivo de la educación superior a los grupos económicos de más poder, a los que representan, y cuyos intereses (que no son los de “la sociedad”, son los suyos) defienden con todas sus herramientas. Ya no podemos hablar de “influencias”, de “presiones”, de “injerencias” por parte de estos lobbys: tenemos que hablar de gobierno directo, inmediato, unilateral. Esta es la realidad. La reforma de gobernanza es un auténtico golpe de estado a la universidad, que queda definitivamente intervenida por los poderes del mercado y plegada aún más a sus venales objetivos.
Este eje de reformas implica la adquisición por parte del Consejo Social de algunas funciones que actualmente ejecuta el Consejo de Gobierno, pasando a llamarse Junta de Gobierno, formada por miembros externos a la comunidad universitaria. Con la participación de miembros externos se posibilita “la rendición de cuentas ante la sociedad”, lo cual significa realmente el sometimiento de la institución pública a entidades privadas. Entre las principales funciones de este nuevo organismo estará el nombramiento y destitución del rector, que a su vez nombrará a los decanos y éstos a los jefes de departamento. Lo que antes era un sistema democrático de abajo arriba, se transforma en una estructura corporativa de tipo empresarial. Además para facilitar la adaptación constante de la Universidad a un mercado cambiante se impulsará el protagonismo de órganos individuales que agilicen la toma de decisiones, ahora unilaterales, alegando la ineficacia de los trámites burocráticos (el rector pasa a ser visto como un gestor). Esto supone la supresión de los pocos mecanismos democráticos de gobierno que le quedaban a la Universidad.
Sin embargo las grandes corporaciones necesitan algo más que el gobierno directo de las universidades para poner decididamente la educación superior al servicio de sus beneficios: necesitan destruir el marco legal que a día de hoy impide que las diferentes universidades funcionen como empresas independientes, con todo lo que esto implica: oferta de titulaciones propias y diferentes a las de otros centros, potestad para conseguir financiación proveniente del sector privado, autonomía en la política de precios, contratación de personal propio y flexibilización de los modelos de contratos y salarios. Lo que plantean estos documentos es una desregulación, una liberalización del sector que permita la competencia entre las distintas universidades, que deje el campo libre a la diferenciación entre ellas, y a la consecuente concentración de capital en unas pocas a costa del resto; porque obviamente no todas pueden ofrecer los mejores salarios para atraer a los mejores profesores, no todas pueden las mejores instalaciones, no todas pueden ser excelentes (donde por excelencia hemos de entender “la capacidad para producir conocimiento explotables con fines industriales” según dice la Comisión Europea). Sin embargo, la diferenciación entre unas pocas escuelas de élites y muchas fábricas de precarios no será sólo el resultado de la libre competencia, sino que se impulsará como medida política con una financiación pública extraordinaria a aquellas universidades que tengan un perfil más atractivo. En esto consiste precisamente la creación de los Campus de Excelencia Internacional que fomentarán alianzas estratégicas entre universidades, empresas, centros de investigación etc. Como venimos denunciando desde esta Asamblea, el ranking de empresas supone un ataque directo a la ya dañada democratización en el acceso a los estudios superiores.
Por otro lado con la excusa de la deuda de la Universidad pretenden imponernos un modelo de financiación en el que las universidades diferenciadas compiten por allegar fondos privados, que obviamente no son desinteresados, sino que se exige a cambio una serie de competencias que impiden el normal funcionamiento de la investigación y la docencia: selección de proyectos en función de la rentabilidad mercantil, reestructuración del sistema de titulaciones en función de su rentabilidad a corto plazo (eliminación de carreras) y la transferencia de los resultados a la empresa financiadora (lo cual implica la desviación de fondos públicos, la difusión parcial de los conocimientos, etc.). Pero no sólo pretenden resolver el problema económico así, también se está estableciendo un brutal aumento de las tasas de matriculación, que se pretende parapetar con la creación de las becas-préstamo que realmente suponen hipotecar la vida del estudiante antes de que entre al mercado laboral.
El nuevo Estatuto del estudiante (aprobado “a traición” el 31/12/2010) establece la creación del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE) como el único órgano de representación estudiantil a nivel estatal (cuyo presidente es el mismísimo ministro de educación) y a su vez selecciona sus componentes mediante un complicado mecanismo de democracia indirecta que acaba imponiendo una falsa representación del alumnado. Este estatuto muestra de nuevo la absoluta falta de participación estudiantil en el sistema universitario español (SUE) y en las reformas por las que se ve afectado. Por otro lado los estatutos del PDI/PAS conllevan una disminución drástica de los contratos fijos y su sustitución por contratos de empleos temporales, aleatorios y dependientes.
Desde esta Asamblea no entendemos que las necesidades del mercado coincidan con las de la sociedad; la crisis en nombre de la que se recortan nuestros derechos lo corrobora. Tampoco aceptamos la falacia de la necesidad de una producción de conocimiento adaptada exclusivamente a las necesidades del mercado. Sin embargo, estas reformas, cuyo objetivo explícito es “adaptar la universidad a las necesidades cambiantes del mercado laboral” se nos venden como una puesta de la universidad al servicio de la “sociedad”. Consideramos denigrante que la comunidad universitaria se vea sometida a las leyes del mercado, consideramos grave que las mismas instituciones académicas se muestren favorables al proceso de mercantilización de la Universidad, consideramos, por todo esto, absolutamente rechazable la Estrategia Universidad 2015 y absolutamente necesaria una respuesta contundente que refleje las verdaderas preocupaciones de la comunidad universitaria.
